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España suspendió su memoria y a Garzón.

Por Daniel do Campo Spada.

España no ha tenido la valentía de afrontar sus miserias contemporáneas que dentro de poco llegarán al siglo. Su guerra civil mostró lo mas bajo del ser humano, superando con creces en morbosidad y cifras a las dictaduras que enlutaron a nuestra América Latina. Cuando el polémico juez Baltazar Garzón intentó revolver un poco de la historia negra de su país, lo suspendieron y lo premiaron con un puesto de colaborador del Juez argentino Guillermo Moreno Ocampo en el Tribunal Penal de La Haya.
Garzón, sospechado de avalar la tortura a vazcos, catalanes y árabes, según denuncian en la última edición del mensuario Resumen Latinoamericano1 un centenar de notables de nuestro continente intentó tímidamente hacer con su país lo que ya hizo con algunos dictadores extracontinentales a los que llevó a juicio por violaciones de lesa humanidad. Llevar al franquismo al banquillo de los acusados mostró la debilidad de una democracia inexistente, acotada y por sobre todas las cosas muy débil que cedió ante la suspensión del Magistrado de la Audiencia Nacional. El Pacto de la Moncloa, agrupó a todas las fuerzas políticas, que se comprometieron a no revisar el pasado, no tocar las estructuras de poder social y por sobre todas las cosas no analizar la existencia de la monarquía, un auténtico anacronismo en los tiempos actuales. De allí provino el posfranquismo que hizo como si no hubiera pasado nada.
El franquismo, que le debe su nombre al dictador Francisco Franco, gallego de El Ferrol que destruyó a sangre y fuego la experiencia democrática de la República para reinstaurar la monarquía y alinear al pequeño país con los Estados Unidos y los valores “occidentales y cristianos”. Nacido como territorio de experimentación de las armas que los nazis alemanes utilizarían inmediatamente en la Segunda Guerra Mundial, sumió durante cuarenta años a todo su territorio en una carcel disimulada apelando al temor cotidiano y al oscurantismo cultural. Pero allí no termina todo.
En esas cuatro décadas desaparecieron casi 100 mil personas, tres veces más que la dictadura argentina de Jorge Videla en la que no dudaron de forzar la delación entre parientes, amigos y vecinos. No solo se expropiaban viviendas y dinero en forma totalmente arbitraria sino que se cometió uno de los más aberrantes hechos. A la luz del día, se le quitaron a sus madres y familias cerca de 30 mil niños para que sean educadas por familias derechistas en lugar de las suyas que adherían a las ideas republicanas. Quienes no lograban ser ubicados en grupos adictos al régimen eran internados hasta su mayoría de edad en institutos pupilos católicos de concepción falangista.
Aunque los tribunales españoles se consideraron competentes en investigar violaciones a los derechos humanos violados en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, China, Ruanda y la zona de la Franja de Gaza, suspendieron al polémico juez Garzón por querer hacer lo mismo en su país. Así lo testifica Ramón Sáez Valcárcel, uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que apoyaron al iniciador de la causa, según consta en una nota de Gabriela Juvenal para el diario Miradas al Sur2.
En el año 2007 se dicta la Ley de la Memoria histórica, una suerte de ejercicio intelectual sin implicancias judiciales, que las Naciones Unidas denunció como insuficiente ya que el Estado debía hacerse cargo de las investigaciones y no dejar ese esfuerzo en manos de particulares tal como ocurrió entre 1985 y ese año, en el que se realizaron esporádicas exhumaciones basadas en iniciativas de familiares de las víctimas.
Volviendo a Garzón, personalidades como Atilio Borón, Norman Briski, Patricio Echegaray y organizaciones de Derechos Humanos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, denuncian al juez como colaborador de los golpistas en Venezuela, asesor del régimen de Uribe en Colombia y de atacar a los vascos, catalanes y otros militantes regionales que inmediatamente son incomunicados por meses bajo la figura de terroristas, abriéndole la puerta a la tortura y malos tratos en las cárceles de la monarquía española.
Evidentemente el pequeño país del sur europeo no solo enfrenta una dura crisis económica que les traerá una decadencia mínima de una década, sino que además no es capaz de revisar su lamentable pasado mientras se mueve como una semi-democracia.

do Campo Spada, 2010
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MAYO
2010-06-12
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