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La Corte Suprema de Justicia le puso fecha tope a los oligopolios de prensa.

Por Daniel do Campo Spada.

La Corte Suprema de Justicia, aunque en cierta medida en forma tímida y ambigua, puso fecha tope a la medida cautelar demandada por el oligopolio Clarín quien está fuera de la reglamentación del artículo 161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). El 7 de diciembre de 2012 deberá estar sujeta a derecho a pesar de que por otra vía pide la declaración de inconstitucionalidad de la ley base.
Un hecho central en el fallo del máximo tribunal del país es que por unanimidad dan por tierra con el argumento esgrimido por el principal holding comunicacional de que con la desinversión a la que se ve obligado se pone en peligro la libertad de expresión, la que consideran que está garantizada por el espíritu de la ley en cuestión. De esta forma, el pedido de inconstitucionalidad hacia la ley completa, que es el último recurso que les queda a Clarín y otros oligopolios también estaría descartado aunque al no ser firme en la otra causa al respecto, dejan un manto de dudas que aún no se resuelve1.
No es un secreto para nadie que el grupo de Noble-Magnetto solo busca conservar su espacio de poder y para esgrime argumentos falsos tales como la libertad de expresión, cuando desde su posición dominante se ha cansado de presionar a la competencia ya sea desde la amenaza a los anunciantes que respaldan a otros medios así como a los actores que se manifiestan a favor del gobierno o los periodistas que no responden a su mensaje. Cuando los medios de la derecha hablan de libertad no es de expresión sino de libertad empresaria para destruir a los más pequeños. La Ley 26.522 es una garantía de democratización de la palabra desde el mismo momento en que pone un coto a la cantidad de licencias de las que se pueden disponer.
El 7 de diciembre es la fecha en la que las licencias deberán ser transferidas (con acuerdo a la normativa que vigila la Autoridad de Aplicación) o bien quedarán caducas. Muchas de ellas pueden pasar incluso a integrar el 33 % de las que no tienen fin de lucro. Actualmente el Grupo Clarín reconoce 2372 aunque es probable que tenga otras 70 por medio de testaferros. Semejante poder sí que garantiza que no haya libertad de opinión y ello para la democracia, que significa gobierno del pueblo y no de los empresarios, es esencial.

Fallo de la Corte Suprema

do Campo Spada, 2012 (C)
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MAYO
2012-05-26
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