Colombia se da una oportunidad
para la paz.

Por Daniel do Campo Spada.

El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron que el próximo 5 de octubre en Oslo harán un anuncio público en el que anunciarán la formalización de conversaciones para terminar con la guerra civil más vieja del continente. En las últimas horas el ELN, segundo grupo insurgente del país, podría sumarse a esta nueva mesa de negociación. Cuba y Noruega son los países garantes del acuerdo y Chile y Venezuela los acompañantes. Gracias a que Estados Unidos no está metido en ese círculo se abre la posibilidad de terminar con una lucha que se ha empantanado en un virtual empate bélico en el que día a día mueren más civiles.
Desde mayo del 2012 funcionarios del Palacio de Nariño y la conducción de las FARC comenzaron a establecer un puente para terminar un conflicto que fue reducido a lo bélico. A pesar de la violenta gestión del ex Presidente Álvaro Uribe con el corolario del Plan Colombia y las siete bases estadounidenses en el territorio, el Ejército Nacional jamás pudo avanzar en la selva de los territorios liberados al tiempo que esta no avanza sobre los espacios urbanos mas allá de algún atentado aislado. En el ínterin, se debilitaron el narcotráfico, con sus carteles trasladados a la puerta del principal consumidor que es Estados Unidos. Hoy es México la narconación del continente.
Este intento podría emparentarse con el intento del ex Presidente Andrés Pastrana que entre 1998 y 2002 desmilitarizó un tercio del territorio que de hecho dominaban las FARC conducidas por su mítico líder Manuel Marulanda Vélez, aunque tiene cuestiones muy distintas. Por empezar, no se detienen los combates ni se cede nada del territorio, pero a diferencia de aquel intento participan países latinoamericanos y el híbrido internacional de Noruega. En esta ocasión el Presidente Santos, prometió empezar a implementar políticas sociales pedidas por la guerrilla así como replantear la tenencia de la tierra para evitar que los terratenientes se encarguen de sostener ejércitos privados de injusticia social. Al mismo tiempo, al ser el mandatario el ex Ministro de Defensa de un gobierno de ultraderecha como el de Uribe, lo valida como habilitado, desestimando todos los intentos que los pro-Washington intentarán hacer o boicotear acusando de izquierdista al jefe de Estado por negociar con la guerrilla comunista.
Las FARC ya habían intentado una participación política pero los asesinatos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ligadas a Uribe, con un saldo de más de 500 importantes militantes muertos abortó el intento pacificador y la integración de la guerrilla en la vida política. Hoy se volvería a intentar, mas allá de que los sicarios enviados por Barack Obama estarán esperando a la vuelta de la esquina. Todo hace desear que se repita la experiencia positiva de los insurgentes del M-19 que hoy tienen el alcalde de Bogotá (Gustavo Petro) el Presidente de la Cámara del Congreso (Augusto Posada).
En el Partido de la Libertad, de derecha y en el gobierno vieron que figuras como la de la ex Senadora Piedad Córdoba, líder de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz tenían cada vez más fuerza en la opinión pública. La dirigenta de los Derechos Humanos no solo fue logrando una a una las liberaciones de prisioneros de las FARC sino que el gran paso lo dio cuando este año dejó a todos los presos civiles en libertad. Con la difusión en garantía a través de la cadena televisiva Telesur y el apoyo permanente de Brasil en logística (militares y helicópteros) fue abriendo un espacio de deseo de paz. Después de cincuenta años, sus connacionales quieren terminar con la guerra.
Por el gobierno están negociando el Ministro de Medio Ambiente Fran Pearl y el asesor de seguridad de la Presidencia Sergio Jaramillo, mientras que por la insurgencia están Rodrigo Granda y Mauricio el Médico. La mesa tiene en tratamiento seis puntos que consisten en la desmovilización de las FARC (compuesta por 9.500 hombres y mujeres armados), la participación política de la guerrilla, la reparación a las víctimas (principalmente a los desplazados) y un plan de leyes para la tenencia de la tierra, esencial en un grupo que se ha movido en sectores campesinos.
Las próximas semanas serán decisivas para que el proceso no se interrumpa ante posibles boicots desde sectores muy bien identificados tales como la burguesía colombiana, los traficantes de armas, los narcotraficantes y fundamentalmente Estados Unidos que teme que un República de Colombia pacificada deje de ser su gendarme en la región abandonando su rol títere y funcional a la superpotencia.

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do Campo Spada, 2012 (C)
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SEPTIEMBRE 2012-09-01
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