El Congreso avanzó
en la democratización de la Justicia.

Por Daniel do Campo Spada.

En medio de escándalos (y hasta un sabotaje al momento de la votación de un artículo que habrá que investigar) generados por la oposición, las amenazas de “ONGs” derechistas, carpas semivacías, show mdiático organizado por un periodista que cobra por ello $ 300.000 mensuales (Jorge Lanata incluso habría recibido el regalo de Magnetto consistente en un piso en la Avenida Libertador valuado en más de u$s 1,5 millón) y políticos beneficiados por un Poder Judicial que eterniza causas hasta su prescripción, la Cámara de Diputados dió una media sanción casi definitiva (ya que solo se revisarán algunos artículos en su retorno al Senado) a la reforma del Consejo de la Magistratura (organismo que elije a los jueces) y convirtió en Ley la creación de nuevos Tribunales de Casasción y una regulación definitiva a las medidas cautelares (de las que se valen las corporaciones como es el caso del oligopolio Clarín que no cumple la Ley de Medios desde hace cuatro años).
Por 130 votos contra 123, el oficialista Frente para la Victoria junto a Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular Neuquino y otras bancadas provinciales aprobó modificaciones en el Consejo de la Magistratura que consisten en ampliar sus miembros, diversificando el origen (ya no serán exclusivamente abogados elegidos entre ellos) y sometidos a elección ciudadana. De esa manera se busca cortar la corrupción de la denominada “familia judicial” a la que solo ingresan amigos de amigos, masones, ex empleados de corporaciones o ligados a la Iglesia católica romana.
Ante el reclamo de la oposición, el Presidente del bloque gubernamental Agustín Rossi aceptó que luego de aprobar la ley se votara artículo por artículo ante la presunción de que no todos tenían la cantidad de votos necesarios. Allí llegó el momento esperado por la derecha que a todas luces huele a sabotaje. Al momento de votar el Artículo 2, el sistema no reconoce a dos diputados que en forma inmediata y a viva voz gritaron su apoyo que el mecanismo electrónico no estaba registrando. Ese es un error frecuente que esta vez no parece casual. Cuando el marcador dio 128, sabiendo que el mínimo es 129 sufragios, los derechistas se pararon en sus bancas y comenzaron a gritar para que no se escuchara la explicación que intentaba dar el Presidente de la Cámara Julián Domínguez de los dos votos cantados mientras la diputada Garciela Camaño (menemista) intentaba arrebatarle el micrófono. Incluso el diputado menemista Sergio Panza le arrojó una botella de agua a Rossi. Los diputados que sufrieron este problema fueron Juan Carlos Folconi (FPV de Santa Fé) y Alicia Comelli (del Movimiento Popular Neuquino). Esta última, había sufrido amenazas en los días previos para que votara en contra del proyecto por lo que las suspicacias de sabotaje adquieren dimensión.
En la exposición que el dirigente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Fernando Straface, ligado al PRO la diputada Comelli le dijo delante de todos que habían difundido su número de teléfono en el que solo recibió amenazas y consignas políticas pero ninguna razón jurídica para oponerse1. A traves del sitio Change.org, doce diputados nacionales (los mencionados Comelli y Folconi, Facundo Moyano, Omas Plaini, Alfredo Olmedo, Jorge Garramuño, Mariana Veaute, Cristina Fiore Viñuales, Walter Mayar, Eduardo Ibarra, José Brillo y Julio Ledesma). Organizaciones ligadas al PRO y sostenidas por “donaciones” de las principales megacorporaciones tales como ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), ADC (Asociación por los Derechos Civiles), Directorio Legislativo y Poder Ciudadano incitaron a convencidos y desprevenidos para boicotear la necesaria democratización del Poder Judicial.
El apoyo que el oficialismo recibió de la Corte Suprema de Justicia, que propuso algunos cambios en los seis proyectos que fueron atendidos por el bloque peronista, fue denunciado por Elisa Carrió (a punto de terminar su período parlamentario y sin chances de renovarlo) como un contubernio. La misma diputada chaqueña fue acusada de cómplice por Macri cuando tras el escándalo de la votación del Artículo 2 todos los derechistas se levantaron y solo quedaron ella y Jorge Yoma (pos menemista).
Aún después de marcharse la oposición del recinto, los diputados convirtieron en Ley la creación de nuevos Tribunales de Casación (126 votos a favor contra 8 en contra), de los cuales uno estará dedicado al ámbito laboral, con todos los beneficios que ello implica para los juicios de los trabajadores contra las empresas. Muchos empleados no se someten a reclamos justos porque las demoras los dejan fuera del ámbito laboral durante años sin posibilidad de reinsertarse en otro trabajo. Esta irregularidad por saturación determina que muchos optan por dejar pasar las injusticias a las que habitualmente recurren los empresarios.
Para cerrar, cerca de las 9 de la mañana de una sesión que había comenzado el dia anterior, se dio sanción definitiva a la regulación de las cautelares, medida de la que abusan las corporaciones para no cumplir con lo estipulado. Basta remitirnos a los diez años que el diario La Nación tiene a su favor para no cumplir obligaciones fiscales, los cuatro que el oligopolio Clarín bloque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y así sucesivamente en una lista que incluye a cientos de empresas de todos los sectores del mercado.
Aunque aún faltan otros tres proyectos enviados oportunamente por la Presidenta Cristina Fernández, el Congreso ha dado un pequeño gran paso para avanzar en la Democratización de la Justicia, aunque seguramente el actual poder tribunalicio apelará, una vez más, a cautelares y pedidos de inconstitucionalidad. La democracia ganó una gran batalla, pero la derecha aún dará guerra en su contra.

 

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do Campo Spada, 2013 (C)
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ABRIL 2013-04-27
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