Macri decretó la impunidad
de Clarín y La Nación en la CABA.
Por Daniel do Campo Spada.
La derecha empresario-política necesita embarrar la cancha ante la
desesperación de no poder articular una línea coherente que
encante al electorado. Al igual que en el fútbol, cuando uno no es
hábil solo queda hacer correr los minutos tirando la pelota afuera.
Eso es lo que ha hecho el multimillonario y procesado Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri al promulgar el Decreto de Necesidad
y Urgencia (DNU
2/13) por el plazo de treinta días hasta lograr que la Legislatura
Porteña (en la que tiene mayoría automática gracias a
la alianza con Coalición Cívica) la convierta en Ley. En ella,
en postulados infantilmente anticonstitucionales prohibe las huelgas, el cobro
de deudas fiscales, el participar de asambleas en las que el Estado Nacional
tiene acciones y otras barbaridades jurídicas que solo dejan en ridículo
(una vez más) a un titular del Poder Ejecutivo porteño que parece
no filtrar lo que le ordenan.
El DNU comienza con un título (Régimen de Defensa de la
Libertad de Expresión en la Ciudad de Buenos Aires) que remite
a una situación inexistente en el país pero que los medios oligopólicos
comenzaron a construir desde el domingo 12 de mayo cuando el editorialista
del diario La Nación Joaquín Morales Solá (sospechado
de connivencia con la dictadura militar) advirtió que el Gobierno de
la Presidenta Cristina Fernández preparaba una intervención
al oligopolio Clarín para sacar de todos lados al showman televisivo
Jorge Lanata. Ese mismo día, en su programa Periodismo para Todos
apareció vestido de smoking (porque este país es una joda)
y siguió intentando sembrar dudas sobre la existencia de una bóveda
en la casa de Néstor Kirchner en la que según él (pero
negado por el propio arquitecto) esconden miles de millones de euros fruto
de la corrupción. Al terminar, con música de fondo y un primer
plano novelesco dijo con voz actuada no sé si voy a estar el
próximo domingo, pero si no estoy, hagan algo. No me importa si son
empresarios, uniformados o quien sea, pero hagan algo. A los dos días,
Mauricio Macri emitió el mamarracho del DNU (firmado por el propio
MACRI y los Ministros del PRO Reybaud de Salud, Montenegro de Seguridad, Grindetti
de Hacienda, Stanley de Acción Social, Bullrich de Educación,
Lombardi de Cultura, Santilli de Espacio Público, Chaín de Infraestructura,
Ibarra y Rodríguez Larreta Jefe de Gabinete).
mencionado. Habíamos alcanzado la cuadratura del círculo.
Tras una enumeración de las leyes nacionales, la propia Constitución
y los pactos internacionales que garantizan la libertad de expresión,
el texto leido (con gran dificultad oratoria a consecuencia de implantes dentales
que le complican la respiración) dice: el artículo 47
dispone en lo pertinente que "La Ciudad vela para que no sea interferida
la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones
ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento
sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación
social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas"1.
Hasta aquí estaríamos ante la principal contradicción
de la derecha, que reprime a balazo limpio a los periodistas en el derrumbre
violento del Hospital Borda días antes y desconoce al Ley 26522 (de
Servicios de Comunicación Audiovisual) que busca ese objetivo en la
diversificación y democratización de la palabra.
Una hoja después el DNU insiste con la historia inventada por los medios
hegemónicos al agregar Que las recientes restricciones a la libertad
de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar y recibir información,
sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las demás
libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el
acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen
en un serio obstáculo a la deliberación pública abierta,
no discriminada, vigorosa y desinhibida2.
En la parte dispositiva, comprendida como Anexo I (esta parte no se publicó
en internet) prohibe las huelgas de personal, las inspecciones fiscales, los
embargos bajo cualquier figura y la participación de accionistas estatales
(sin la expresa autorización de los accionistas privados). De esa forma
viola la legislación nacional en aspectos fiscales, laborales y hasta
constitucionales decretando de facto una autonomía que la Ciudad de
Buenos Aires no dispone ya que sería equivalente a la de un Estado
independiente o paraiso fiscal. La idea es que el ANSES en tanto dueño
de acciones incluso del Grupo Clarín (9 %) o bien las cautelares que
protegen a La Nación para no pagar deudas fiscales desde hace diez
años sigan en ese estado de impunidad amparados en una pertenencia
geográfica al distrito capital.
A las pocas horas legisladores porteños de la oposición comenzaron
a presentar impugnaciones ante una Justicia que a todas luces defiende las
corporaciones y logias internas que temen la democratización impulsada
por la Presidenta Fernández y que por ello no dudan en apoyar cualquier
desplante legal cometido por sectores de derecha o golpistas.
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do Campo Spada, 2013 (C)
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MAYO 2013-05-19
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