La Ley de Medios
es totalmente constitucional.
A treinta años de la nueva democracia uno de los grandes bastiones encontró una calle sin salida.

Por Daniel do Campo Spada.

A menos de cuarenta y ocho horas del triunfo de los candidatos regionales de la derecha en las elecciones parlamentarias de medio término, el fallo de la Corte Suprema de Justicia dictaminando la constitucionalidad total de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) cambió la agenda de todos. En el mismo 30 de octubre en el que se recordaban los treinta años del triunfo de Raúl Alfonsín en las primeras elecciones presidenciales del actual (y más largo en nuestra historia) período democrático el principal aliado de los sectores poderosos el oligopolio Clarín debe adecuarse (con todos los plazos vencidos) a derecho. Por primera vez, la prepotencia del poder no le fue útil1. Un fallo de 6 a 1 (con la oposición de Carlos Fayt ligado a sectores de derecha y ligado familiarmente al multimedios La Nación, socio de los Noble-Magnetto en Papel Prensa gracias al sangriento regalo de la dictadura militar y aliados ideológicos en entorpecer todos los goiernos democráticos) determinó que no quedan grietas para empezar a desmonopolizar el discurso que el establishment impuso durante décadas.
Durante cuatro años (fue sancionada en octubre de 2009) la Ley de Medios de la Democracia, que busca la pluralidad de voces, fue bloqueda desde cualquier tribunal federal perdido en el país protegiendo fundamentalmente a los oligopolios más excedidos en licencias. En el caso de UNO de Mendoza, terminó por presentar su propia adecuación ante que esta ocurriera de oficio pero la más grande, poderosa y soberbia empresa periodística que haya conocido la Argentina siempre se consideró por encima de las leyes para el resto del país. Como si se tratara de una monarquía privada, con su poder de fuego mediático no solo imponía (impone) y volteaba candidatos que no fueran funcionales a sus ideas de derecha, apretando y mimando a jueces sino que logró sortear con éxito restricciones que son para el resto de los ciudadanos y empresas pero no para ellos. La vergonozoza dilación en investigar el origen de los hijos presuntamente apropiados que tiene Ernestina Herrera de Noble y la rocambolesca forma de resolverlo (con dudosos ADN obtenidos tras el robo que realizó una ex directora del Banco Nacional de Datos Genéticos) fue la cumbre dela impunidad. Al mismo tiempo no se resuelve la violación de lesa humanidad quelos militares en sociedad con los CEO de Clarín y La Nación han hecho sobre la familia Graiver, a la que le robaron la única fábrica de papel del país.
El matutino del oligopolio multimedia llevó el debate a un tema de ataque personal al titular “Avance sobre la prensa independiente” en lugar de aceptar que es el único grupo empresario que desconoce la ley, la más debatida y participada desde el retorno a la democracia. El título de tapa planteó el eje en un enfrentamiento con el Gobierno Nacional de quien quiere ser interlocutor2. Dos días antes, tras los comicios del domingo 27, la tapa exultante decía “Otro fuerte castigo al Gobierno. Massa arrasó y se abre una nueva etapa política”3. Con el fallo sobre la mesa todo era desviar la atención. No era que tenían que respetar una ley sino que la Corte Suprema favorecía al Gobierno4. Van der Kooy, principal editor y comisario político del diario sostenía que “el fallo de la Corte desplazó ahora el eje del escenario político dominado por la victoria de la oposición” en los comicios. El domingo, Magnetto y la Embajada de Estados Unidos se habían erigido en quienes iban a decidir el candidato derechista que el multimedio impulsaría a la Presidencia en 2015. Dos días después los clarinistas se encontraron con que su impunidad estaba amenazada.
El otro diario derechista, La Nación, que el lunes también estaba ilusionado con el triunfo de los candidatos de la diplomacia norteamericana5 respetó (como siempre en los últimos diez años) la línea que le marca Clarín. Ya desde su tapa manifestaba “Triunfo del Gobierno: para la Corte, la ley de medios es constitucional” ligando a una revancha instaurada como consecuencia de la derrota electoral, como si el Poder Ejecutivo tuviera alguna posibilidad de influir sobre el Judicial. En una línea reduccionista que le permitiera deslegitimar la norma jurídica recurrieron a expresiones tales como “El Gobierno festejó el fallo como una venganza” (Mariana Verón), “La ley de medios, vía hacia el populismo” (Gregorio Badeni) y “Una batalla que aún está lejos del final” (Carlos Pagni). En el caso de este último adelantando las nuevas judicializaciones que producirán en la expropiación de cada una de las trecientas licencias con intenciones de entorpecer todo hasta el 2015, año en el que sus postulantes Macri (“anularía la ley”) y Massa (“Clarín no debe acatar el fallo”6) darian todo por tierra.
La estrategia que el diario y sus acólitos empleó desde el primer momento fue la de discutir la imposibilidad de ser independientes sin el lucro excesivo que generaban con sus múltiples negocios y la posibilidad de integración vertical (del insumo a la venta), posición que no pudieron sostener en el encuentro de los amicus curiae en el que partes amigas de los litigantes (el Estado como responsable de la aplicación de la Ley y el oligopolio Clarín) defendieron ambas posiciones. Por eso la Corte en su fallo definitivo cerró el tema al expedirse “La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos”7.
Al mismo tiempo que Sergio Massa8 y Mauricio Macri criticaban al Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín Sabbatella acusándolo de cualquier ineptitud, la reelecta Elisa Carrió (ex funcionaria de la dictadura militar y legisladora desde 1983) dijo que el Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti había pactado con el Gobierno Nacional9, cuando unos meses atrás lo elogiaba. Junto a pedidos de juicio político totalmnte inviables contra el titular del máximo Tribunal y un pedido de suspensión de la aplicación de su propio fallo al mismo cuerpo jurídico10, un grupo de periodistas de derecha se dirigieron a Washington para quejarse de la Ley de la democracia. Joaquín Morales Solá, Nelson Castro, Luis Majul y Magdalena Ruiz Guiñazú quienes a cotidiano desde radios, canales de televisión y sus columnas destacadas en Clarín y La Nación dijeron las peores barbaridades en contra del país, dicen que no tienen libertad de opinión ante la siempre sospechada Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)11 que apenas los escuchó.
Al día siguiente del fallo, Sabbatella recuperó la última escena del año pasado, cuando todo esto iba a ocurrir el 7D de 2012, interrumpido por una nueva apelación y que en este caso le dio otro año de vida a la violación de una ley sancionada en 2009. Se presentó en las oficinas del Grupo Clarín para notificarlo de una adecuación de oficio ya que en el fallo se indicó que los plazos estaban vencidos y al haberse negado la empresa a presentar su propio plan es facultad del organismo llevar adelante el cambio de las titularidades. El año anterior el socio minoritario del oligopolio (Fintech) se había presentado ante la AFSCA con su proyecto, peroal ser desconocido por los mayoritarios (Magnetto-Noble) no tuvo cabida. En las sedes de Canal 13 y Radio Mitre no quisieron abrirle la puerta a los emisarios de la autoridad de aplicación, por lo que les pegaron la notificación en la pared exterior de los edificios correspondiente. Después de que los funcionarios se retiraron un grupo de empleados salió a ingresarlos.
El mismo día en que se conoció el fallo desde las redes sociales se organizaron festejos en todo el país12, con un acto multitudinario en las inmediaciones del Congreso Nacional13. Habían concluido cuatro años de batalla por una Ley que busca democratizar la palabra. Ahora vendrán cientos de mínimos palos en la rueda judiciales que buscarán llevar todo hasta que algún supuesto viento político “nuevo” como los diarios de derecha anunciaban el lunes siguiente a la elección termine con todo.
Apenas unas horas antes del conocimiento oficial del fallo, las acciones del Grupo Clarín se desplomaron un 4,5 % en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Muchos sospechan que hubo una filtración a través del sitio oficial de noticias de la Corte. El CIJ está compuesto por mayoría de ex periodistas de los medios de derecha que siguen “trabajando” para sus antiguos jefes en la forma en que titulan y priorizan las informaciones. Tres días después la ley de medios ya no estaba en el home del mismo. Solo se accedía desde la opción “lo más leido”. Las autoridades de la bolsa porteña retiraron las acciones de la cotización en un procedimiento habitual cuando se sospecha de una movida especulativa. Al mismo tiempo la información llegó a Londres (la otra plaza en la que cotiza) y allí el desplome fue mucho más violento (-20,8 %). La línea editorial del oligopolio era que esa caida era “una respuesta” de rechazo al avance del Gobierno14, en lugar de un fin de ciclo para el multimedio. En realidad se trató de dos fuertes ventas de $ 30 millones15 de dos tenedores que no fueron identificados, pero que se sospecha serían encumbrados directivos que recibieron un llamado telefónico previo a la comunicación pública. Al final de la primera semana la cotización del grupo perdió 36% de valor, superando por lejos a la toma de ganancia del MERVAL que fue de 1,8 %. No había un cambio de tendencia política en rechazo al Gobierno. Se caía Clarín.

 

 

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do Campo Spada, 2013 (C)
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NOVIEMBRE 2013-11-01
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