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POLÍTICA – Editorial |
Los archivos de la dictadura militar argentina abren cientos de posibilidades de hallar a las víctimas y ver los cómplices que hoy se visten
con piel de cordero.















Por Daniel do Campo Spada

En un subsuelo del edificio Cóndor un grupo de empleados que buscaba liberar un sótano encontró quizás sorpresivamente unos armarios en los que se arrumbaban 1500 biblioratos. Nada fuera de lo común para cualquier estamento administrativo aunque este sea la cabeza de una fuerza armada, en este caso la Fuerza Aérea. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron con un orden burocrático típico de los militares, las actas de las reuniones de la Junta Militar entre 1976 y 1983. Tras décadas de silencio corporativo que no permitieron encontrar aún a miles de cuerpos de detenidos asesinados clandestinamente ni a casi cuatrocientos niños apropiados, aparece servido en bandeja una documentación esencial que seguramente también disponen la Armada y el Ejército pero que siguen ocultando o bien eliminaron oportunamente.
Los testigos cercanos sostienen que inmediatamente fue avisado el Brigadier Mayor Luis Callejo, Jefe de la fuerza quien tampoco salía de la sorpresa. En sus manos estaba una decisión clave para la reconciliación entre los uniformados que sostuvieron la más sangrienta dictadura militar del continente y la sociedad civil. Al instante llamó al Ministro Agustín Rossi que fue sacado de una reunión dado la gravedad de lo que su subordinado tenía que comunicarle. En poco menos de unas horas, donde solo había unos empleados luchando con un ambiente lleno de humedad y abandonado por décadas estaban personajes de alta jerarquía en el Gobierno Nacional.
Entre el material, donde algunas planillas o actas están en original y otras en papel carbónico (por lo que debe haber otras copias) se detallaban las reuniones de la Junta Militar desde el comienzo hasta el final del Proceso de Reorganización Nacional (nombre eufemístico autoimpuesto por los militares). En ellas había listas de artistas prohibidos, personalidades de distintos ámbitos académicos o comerciales que eran calificados de acuerdo a su grado de marxismo, en una evaluación que aún no queda claro quien imponía, pero que habilitaba desde su persecusión, detención o inhabilitación en el territorio nacional.
Trece actas estaban dedicadas el tema Graiver y su derivación en el tema Papel Prensa que fue cedido (tras atromentar a la familia del empresario asesinado en México) a los tres diarios más importantes del momento. Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de la única fábrica de papel para diarios con lo que de esa manera adquirían la llave de control del mercado en el cual ellos mismos eran parte. Este juego de integración vertical debía contrapesarse con el apoyo a los dictadores. El diario La Prensa, a pesar de ser de derecha no apoyó esta medida y aunque no fue crítico de los militares no participó del robo. La enajenación de la papelera figuraba entre las principales preocupaciones. De allí la sospecha del origen de los hijos adoptados de la dueña del matutino de la calle Tacuarí, Ernestina Herrera de Noble y hasta se cree que hay irregularidades en el que tiene adoptado Héctor Magnetto.
Los Graiver y su entorno eran torturados para extraerles información sensible para quedarse con sus bienes, como lo hicieron con casi seis centenares de empresarios a los que los dejaron sin sus compañías. En estos interrogatorios bajo tortura en varias oportunidades participaron incluso agentes de bolsa muy bien informados.
De las actas encontradas se desprende que el plan de la dictadura era quedarse mas allá del año 2000 por lo que recibieron una propuesta de plan económico de largo plazo elaborado por en forma oficial por la Asociación de bancos de Buenos Aires (ADEBA) que hasta 1980 presidió Narciso Ocampo. Esa institución (que perdura hasta hoy en día) había sido entregado al General Díaz Bessone, Jefe de Planificación de la Junta Militar. Parte de las ideas volcadas fueron parte del plan de destrucción económica y concentración extrema que llevó adelante José Alfredo Martínez de Hoz.
Las Madres de Plaza de Mayo, Lidia Papeleo de Graiver y otras víctimas de la dictadura han visto las actas encontradas. El propio Ministro de Defensa se las mostró. La esperanza es que abran y consoliden causas nuevas o existentes con documentación generada por los propios asesinos. Eran el poder y se creían tan impunes que dejaron todo registrado al detalle. Ninguno imaginó el presente de democracia y respeto por los Derechos Humanos.

 

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do Campo Spada, 2013 (C)
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NOVIEMBRE 2013-11-30
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