Por Daniel do Campo Spada
En un subsuelo del edificio Cóndor un grupo de empleados que buscaba
liberar un sótano encontró quizás sorpresivamente unos
armarios en los que se arrumbaban 1500 biblioratos. Nada fuera de lo común
para cualquier estamento administrativo aunque este sea la cabeza de una fuerza
armada, en este caso la Fuerza Aérea. La sorpresa fue mayúscula
cuando descubrieron con un orden burocrático típico de los militares,
las actas de las reuniones de la Junta Militar entre 1976 y 1983. Tras décadas
de silencio corporativo que no permitieron encontrar aún a miles de
cuerpos de detenidos asesinados clandestinamente ni a casi cuatrocientos niños
apropiados, aparece servido en bandeja una documentación esencial que
seguramente también disponen la Armada y el Ejército pero que
siguen ocultando o bien eliminaron oportunamente.
Los testigos cercanos sostienen que inmediatamente fue avisado el Brigadier
Mayor Luis Callejo, Jefe de la fuerza quien tampoco salía de la sorpresa.
En sus manos estaba una decisión clave para la reconciliación
entre los uniformados que sostuvieron la más sangrienta dictadura militar
del continente y la sociedad civil. Al instante llamó al Ministro Agustín
Rossi que fue sacado de una reunión dado la gravedad de lo que su subordinado
tenía que comunicarle. En poco menos de unas horas, donde solo había
unos empleados luchando con un ambiente lleno de humedad y abandonado por
décadas estaban personajes de alta jerarquía en el Gobierno
Nacional.
Entre el material, donde algunas planillas o actas están en original
y otras en papel carbónico (por lo que debe haber otras copias) se
detallaban las reuniones de la Junta Militar desde el comienzo hasta el final
del Proceso de Reorganización Nacional (nombre eufemístico autoimpuesto
por los militares). En ellas había listas de artistas prohibidos, personalidades
de distintos ámbitos académicos o comerciales que eran calificados
de acuerdo a su grado de marxismo, en una evaluación que aún
no queda claro quien imponía, pero que habilitaba desde su persecusión,
detención o inhabilitación en el territorio nacional.
Trece actas estaban dedicadas el tema Graiver y su derivación en el
tema Papel Prensa que fue cedido (tras atromentar a la familia del empresario
asesinado en México) a los tres diarios más importantes del
momento. Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de
la única fábrica de papel para diarios con lo que de esa manera
adquirían la llave de control del mercado en el cual ellos mismos eran
parte. Este juego de integración vertical debía contrapesarse
con el apoyo a los dictadores. El diario La Prensa, a pesar de ser de derecha
no apoyó esta medida y aunque no fue crítico de los militares
no participó del robo. La enajenación de la papelera figuraba
entre las principales preocupaciones. De allí la sospecha del origen
de los hijos adoptados de la dueña del matutino de la calle Tacuarí,
Ernestina Herrera de Noble y hasta se cree que hay irregularidades en el que
tiene adoptado Héctor Magnetto.
Los Graiver y su entorno eran torturados para extraerles información
sensible para quedarse con sus bienes, como lo hicieron con casi seis centenares
de empresarios a los que los dejaron sin sus compañías. En estos
interrogatorios bajo tortura en varias oportunidades participaron incluso
agentes de bolsa muy bien informados.
De las actas encontradas se desprende que el plan de la dictadura era quedarse
mas allá del año 2000 por lo que recibieron una propuesta de
plan económico de largo plazo elaborado por en forma oficial por la
Asociación de bancos de Buenos Aires (ADEBA) que hasta 1980 presidió
Narciso Ocampo. Esa institución (que perdura hasta hoy en día)
había sido entregado al General Díaz Bessone, Jefe de Planificación
de la Junta Militar. Parte de las ideas volcadas fueron parte del plan de
destrucción económica y concentración extrema que llevó
adelante José Alfredo Martínez de Hoz.
Las Madres de Plaza de Mayo, Lidia Papeleo de Graiver y otras víctimas
de la dictadura han visto las actas encontradas. El propio Ministro de Defensa
se las mostró. La esperanza es que abran y consoliden causas nuevas
o existentes con documentación generada por los propios asesinos. Eran
el poder y se creían tan impunes que dejaron todo registrado al detalle.
Ninguno imaginó el presente de democracia y respeto por los Derechos
Humanos.
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do Campo Spada, 2013 (C)
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NOVIEMBRE 2013-11-30
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