EDITORIAL Causa Ciccone |
El Juez Lijo no permite televisar indagatoria
a Boudou para que Clarín pueda seguir mintiendo.
Por Daniel do Campo Spada.
El Juez Federal Ariel Lijo, de dudosas relaciones personales y sospechado
de parcialidad le negó al Vicepresidente Amado Boudou la posibilidad
de televisar su indagatoria del próximo lunes. Amparándose en
que debe reinar el secreto en el proceso, deja la puerta abierta para que
el Grupo Clarín y los medios de derecha digan lo que se les ocurra
de tal circunstancia. Sobre el integrante del Poder Ejecutivo han lanzado
un plan de destrucción por haber sido el arquitecto de la política
social del Gobierno peronista y por haber terminado con la estafa de la jubilación
privada de la que el oligopolio y gran parte de los empresarios se beneficiaba.
El Juez Ariel Lijo es ex-cuñado de Gabriel Cavallo, con quien conserva
una gran amistad. Este último es el abogado personal de Ernestina Herrera
de Noble y de Héctor Magnetto, dueños del oligopolio Clarín
y jefes de una oposición que solo hace política desde (y para)
los medios. La prueba estuvo en la exposición que en la primer semana
de Junio realizó en la Cámara Baja del Congreso Nacional el
Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. En lugar de indagarlo
se levantaron del recinto (para el que fueron votados por los ciudadanos de
derecha) y se fueron a los estudios de televisión (también de
derecha) a decir sus opiniones. El desprecio a los canales legislativos es
un claro mensaje de donde ven el poder.
En un primer momento (y nada casualmente) el Juez le había fijado una
fecha de indagatoria a Boudou que coincidía con el viaje de la Presidenta
Cristina Fernández a la Cumbre del BRICS (Brasil, Rusia, China, India
y Sudáfrica), paso importantísimo para el futuro internacional
del país. De esa forma, y mintiendo, el oligopolio podía mentir
a sus anchas y dividir las tapas. En lugar de un éxito de carácter
trascendental habría figurado un Poder Ejecutivo cuestionado.
¿Cuál es la acusación a Boudou? Durante su gestión
al frente del Ministerio de Economía la empresa Ciccone, responsable
de la impresión de billetes presentó problemas financieros graves.
Su caida habría implicado un problema grave para el movimiento financiero
del país. Por ello sugirió ver la forma de evitar su desaparición.
Hasta aquí algo habitual con lo que ocurre con todas las empresas privadas
que representan algo esencial o estratégico. Pero al igual que los
inspectores policiales, que manifiestan que un crimen se comienza a investigar
desde la lista de los beneficiados con el mismo, nos da un solo nombre. Boldt,
que pertenece al oligopolio mediátco. Hoy por hoy todas las facturas
de servicios, bancos o sueldos, las imprimen ellos y luego las cobran en Pago
Fácil que pertenece a la familia Macri. Para cerrar el círculo
basta agregar que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ha dado
por decreto el negociado de las fotomultas.
Lijo es a su vez ex-cuñado de Cavallo, que nosolo es el abogado personal
de Magnetto y Herrera de Noble sino que además junto a Antonio Matta
(preso en España por estafas) fueron socios del showman Jorge Lanata
en el desaparecido diario Crítica de la Argentina (que dejó
en la calle a más de cien periodistas). El circulo es tan escandaloso
que el Juez Federal debería haber renunciado a la causa armada no para
investigar si la imprenta Ciccone fue ayudada por el Gobierno sino para manchar
al Vicepresidente que fue el arquitecto del progreso económico y social
actual.
A Boudou no le perdonan haber terminado
con la estafa de las AFJP
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueon el
gran robo de la etapa neoliberal (Menem-De la Rúa). Los trabajadores
eran forzados a dar sus aportes a administradores privados que los administraban
con distintos instrumentos financieros. Al cumplir la edad jubilatoria, lo
que se hubiera capitalizadose prorrateaba en siete años
para los hombres y catorce las mujeres. Quienes quisieran sobrevvir más
de ese tiempo y seguir cobrando ponían todo ese dinero en un Seguro
de Retiro, siendo estafado por segunda vez. Al tiempo que dejó de recibir
los aportes, el Estado salía a cubrir la estafa con un pago mensual
llamado Prestación Básica Universal (PBU) que era LO ÚNICO
que terminaban cobrando quienes se hubieran jubilado de esta forma.
Las inversiones que los administradores privados usaban iban a sus propias
empresas. Al mismo tiempo, el 50 % del aporte quedaba en sus manos en concepto
de gastos administrativos. Ellas no perdían nunca, pero si las decisiones
que tomaban las AFJP salían mal (entiéndase que no daban ganancias)
los únicos que perdían eran los trabajadores, que después
del año 95 no pudieron optar por quedarse en la Jubilación de
Reparto que es la estatal. Es mas, si no se optaba, directamente lo pasaban
a cualquier privada. El esfuerzo había que hacerlo para quedarse (amenazas
mediante los medios de comunicación cómplices de que se iban
a quedar sin nada) por lo que muchos fueron absorbidos por negligencia. Y
una vez que se optaba por la privada No se podía volver a la Estatal.
La vía inversa (o mejor dicho el camino a ser estafado) estaba siempre
abierto.
El maquiavélico plan fue instaurado por Domingo Cavallo y los financial
boys que eran las estrellas de las revistas, las radios y los programas de
televisión. Es tema de otras línea cómo se vació
el país enajenando empresas y destruyendo el mercado interno, con millones
de familias que cada día caían en la miseria.
Este perverso sistema de financiamiento de los trabajadores a sus mismos explotadores
se mantuvo hasta el Gobierno de Néstor Kirchner. Cuando Amado Boudou
era Ministro de Economía y vio que volviendo las jubilaciones al Estado
no solo aumentarían sino que además se creaba una política
social de inclusión, el por entonces Jefe de Gabinete de la Presidenta
Cristina Fernández (y según los cables filtrados por Wekeleaks
informante de la Embajada de Estados Unidos) Sergio Massa quiso impedirlo,
pero al esposo de la mandataria y ex Presidente la idea le pareció
maravillosa y ordenó su inmediata implementación.
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do Campo Spada, 2014 (C)
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JUNIO 2014-06-07
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