EDITORIAL – Poder Judicial |
La Corte Suprema argentina sería aliada
de los Fondos Buitres y los empresarios para frenar leyes de Pago Soberano
y de Consumo.
La premonitoria tapa de nuestra revista un año atrás.
Por Daniel do Campo Spada
Ante la inminente sanción de las Leyes de Pago Soberano a los acreedores
de deuda externa y el paquete de leyes a favor de los consumidores, los especuladores
financieros de Estados Unidos (a través de sus agentes del American
Task Force Argentina en Buenos Aires) y los empresarios del Grupo de los 6
(Asociación de Bancos, Unión Industrial Argentina, terratenientes
de la Sociedad Rural Argentina, Cámara de Comercio, Cámara de
la Construcción y la Bolsa de Comercio) preparan su artillería
local para judicializar y trabar el funcionamieno de las mismas. En la Corte
Suprema los espera ansioso el Presidente del máximo Tribunal, el Doctor
Ricardo Lorenzetti, quien ha dado sobradas muestras de estar de su lado.
La Ley de Pago Soberano dispone el traslado de la sede de pago a los bonistas
a Buenos Aires a través de un nuevo agente fiduciario (Nación
Fideicomisos) desplazando al Bank of New York Mellon (BoNY) quien retiene
ilegalmente u$s 593 millones que Argentina depositó para los bonistas
que entraron en los acuerdos de 2005 y 2010. Al mismo tiempo se depositará
en una cuenta especial al 7 % que no ingresó en ninguno de los dos
acuerdos por si desean pasar a buscar lo que es de ellos. Además, se
ofrecerá la sede francesa de París como opción y la posibilidad
de no solo cambiar el lugar de cobro sino también de jurisdicción
legal. Aunque esto es más difícil que sea aceptado, cerca de
un 30 % haría uso de la opción (llegando de esta manera al 50
% del total). Aunque la prensa no le dió la difusión necesaria,
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina
salió de un sospechoso silencio manifestando que hay que cumplir el
fallo de un juez, en un tiro de aprobación a lo dispuesto por el Juez
municipal de Nueva York, Thomas Griesa, claramente favorable a los fondos
buitre (especuladores). En las próximas semanas, abogados a sueldo
de la ATFA comenzarán a presentar pedidos de embargo sobre activos
nacionales (incluido el yacimiento de energía Vaca Muerta) en tribunales
locales, que por medio de apelaciones llegarían a las instancias superiores.
Con la muerte reciente de Carmen Argibay Molina y la próxima renuncia
voluntaria por edad de Raúl Zaffaroni (el más prestigioso magistrado
del país) el máximo tribunal de justicia queda en manos de sectores
conservadores que se esperanzan con un cambio de época en el 2015.
Elena Highton de Nolasco (actual Vicepresidenta), Carlos S. Fayt, Enrique
Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda son todos opositores al gobierno
nacional y al haber dispuesto no renovar los cargos vacantes (por renuncia
o fallecimiento) para volver a cinco integrantes se comvertirá en un
poder totalmente ajeno a la voluntad ciudadana que por ejemplo dio mayoría
al Poder Ejecutivo en ambas cámaras del Congreso.
Por otro lado, la inmediata sanción de un paquete de leyes destinadas
a darle previsibilidad al mercado interno ya ha despertado la reacción
negativa de los pulpos económicos que no quieren que nadie les quite
el poder omnímodo del que disponen. Las modificaciones a la Ley de
Abastecimiento (Perón, 1974) se agregaron el Observatorio de Precios
(destinado a evitar distorsiones por lucro excesivo o posición dominante)
y un Fuero especial en la Justicia para los consumidores. Por primera vez,
los clientes tendrán un protección integral ante la displicencia
y abuso de poder usado por los empresarios. Uno de ellos, Héctor Méndez,
titular de la Unión Industrial Argentina dijo que estábamos
en una dictadura. Este hombre, que tiene hasta fábricas de armas (en
Brasil) ya había tenido expresiones despectivas hacia el Ministro de
Economía Axel Kicillof (“un muchachito”) y la Presidenta
Cristina Fernández (“una señora”). Desde el mismo
momento de la sanción de las leyes prometió que pondrá
a trabajar a sus abogados para bloquearlas hasta el cambio de gobierno (que
imagina más favorable a posiciones de ultraderecha).
Al igual que en el caso de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual los poderosos sacan a relucir a sus sicarios para entorpecer el
movimiento democrático. Muchos de “sus hombres” ocupan espacios
importantes en uno de los poderes de la República, por lo que las grandes
batallas aún estar por venir.
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SEPTIEMBRE 2014-09-24
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